Por Guillermo Abdala Bertiche
La acuicultura argentina atraviesa una etapa significativa que merece especial atención. Desde 2020 comenzó a desarrollarse un proceso evolutivo que consolidó proyectos productivos, inversiones, exportaciones y una creciente articulación entre el Estado, el sistema científico-tecnológico y el sector privado. Este proceso modificó la agenda del sector. La discusión ya no consiste únicamente en demostrar el potencial de la actividad, sino en construir una política de desarrollo capaz de sostener ese crecimiento mediante instituciones sólidas, reglas previsibles y una estrategia federal.
Hasta entonces, gran parte del debate acuícola argentino estuvo centrado en el potencial geográfico y natural. La disponibilidad de agua, las especies de interés comercial, las condiciones ambientales, el conocimiento científico y las oportunidades de exportación ocuparon el centro de la discusión. Sin embargo, la experiencia internacional demuestra que el verdadero diferencial competitivo no surge únicamente de los recursos disponibles. Surge de la capacidad institucional para transformar ese potencial en sistemas productivos organizados y sostenibles.
La acuicultura se consolidó durante las últimas décadas como una de las actividades agroalimentarias de mayor crecimiento a nivel mundial. Con una producción superior a los 130 millones de toneladas anuales y una actividad económica que supera los US$ 330.000 millones por año, representa una cadena de valor estratégica para la seguridad alimentaria, el comercio internacional y el desarrollo territorial. Actualmente, más del 60 % de los alimentos acuáticos destinados al consumo humano provienen de la acuicultura. Países como Chile, con una producción superior a 1,4 millones de toneladas y exportaciones que superan los US$ 7.000 millones anuales, o Brasil, que ya supera el millón de toneladas de producción acuícola, demuestran que el crecimiento de la actividad no depende exclusivamente de la disponibilidad de recursos naturales, sino de la existencia de políticas públicas sostenidas, marcos regulatorios estables y capacidades institucionales capaces de acompañar el desarrollo.
Pocas actividades productivas requieren un nivel de coordinación institucional tan elevado como la acuicultura. Su equilibrio depende de la capacidad de articular políticas ambientales, productivas, científicas, sanitarias y comerciales bajo una estrategia común de gobernanza.
Es ahí donde la política pública adquiere un papel determinante.
La sanción de la Ley Nacional 27.231 de Desarrollo Sustentable del Sector Acuícola, en 2015, constituyó el primer paso en la construcción de una iniciativa específica para la actividad. Su consolidación comenzó a partir de 2020, cuando el entonces Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca reglamentó la norma, implementó el régimen de promoción previsto en ella, creó la primera Dirección Nacional de Acuicultura y promovió una agenda de coordinación con las provincias. Ese proceso permitió incorporar a la acuicultura a una estrategia nacional orientada a fortalecer la producción y ampliar la oferta exportable de proteínas acuáticas, en un esquema de complementariedad con el desarrollo pesquero.
Los resultados comenzaron a reflejarse en la evolución del sector. Entre 2020 y 2025 la producción acuícola argentina pasó de aproximadamente 1.900 toneladas a superar las 12.000 toneladas anuales, mientras que para 2026 las estimaciones superan las 16.000. A ello se suma la consolidación del cultivo de pacú en el noreste argentino, la expansión de la producción de trucha y mejillones en la Patagonia, el desarrollo de nuevas iniciativas de maricultura orientadas al cultivo de mejillón, las algas y el pez limón. La evolución de estos indicadores no puede analizarse únicamente desde una perspectiva productiva; también expresa un proceso de fortalecimiento político e institucional, y de construcción de capacidades públicas orientadas al desarrollo del sector.
La acuicultura ofrece una oportunidad singular para un país con el perfil agroproductivo de la Argentina. Con factores de conversión cercanos a 1:1 en numerosas especies, constituye una de las formas más eficientes de transformar materias primas en proteína animal de alta calidad. En términos productivos, la Argentina tiene la posibilidad de incorporar una nueva frontera de agregado de valor: del feed lot al fish lot.
La naturaleza federal en la administración de los recursos acuáticos exige una articulación efectiva entre la Nación y las provincias. La consolidación de la acuicultura depende de ese equilibrio institucional: mientras las provincias tienen la responsabilidad de ordenar el territorio, fortalecer sus capacidades regulatorias y gestionar el desarrollo de la actividad, corresponde al Estado nacional sostener una política de promoción, coordinación federal e inserción internacional que brinde previsibilidad y continuidad al sector.
La experiencia demuestra que los sectores productivos emergentes difícilmente logran consolidar procesos sostenidos de crecimiento cuando las políticas de fomento pierden continuidad. La acuicultura argentina no constituye una excepción. En ese contexto, el vencimiento de los instrumentos de promoción previstos por la Ley 27.231 trasciende un hecho meramente administrativo: pone en riesgo la continuidad de una política pública iniciada en 2015, cuyos resultados recién comienzan a expresarse en el incremento de la producción, la radicación de inversiones y el fortalecimiento de las capacidades institucionales y territoriales. Sin una estrategia nacional sostenida que acompañe el esfuerzo que vienen realizando las provincias, aumenta la incertidumbre, se desalientan expectativas y se debilita el proceso de consolidación de una actividad llamada a convertirse en uno de los nuevos motores del desarrollo agroalimentario en Argentina.
