El modelo Milei en clave territorial: enclaves exportadores, economías regionales en crisis y un Estado que se retira.
En Argentina reaparece una vieja contradicción: se exporta más, pero no se vive mejor. Los dólares ingresan, pero en los pueblos el trabajo se apaga. Esa distancia entre el superávit en la balanza comercial y la vida cotidiana es el eje del problema. El modelo económico del Gobierno de Javier Milei no viene a resolverla: viene a profundizarla.
I. Una vieja pregunta con UNA respuesta nueva
En la Argentina, discutir crecimiento nunca fue solamente discutir números, fue y sigue siendo discutir poder: quién produce, quién decide, quién se queda con la renta y qué lugar ocupa cada región en el proyecto nacional. Nuestra experiencia muestra que una economía puede integrarse al mundo vendiendo recursos naturales y, aun así, seguir siendo dependiente si no transforma su estructura productiva. El problema no es exportar. El problema es hacerlo sin industria, sin ciencia, sin trabajo agregado, sin mercado interno y sin un Estado capaz de ordenar prioridades.
La pregunta, entonces, no es académica: es profundamente política. ¿De qué sirve crecer si no le llega al trabajador, no se fortalece a las provincias, no se sostiene a las cooperativas, no se mejora la vida en el interior? En definitiva, ¿de qué sirve crecer si no le llega al pueblo argentino?
Cuando el Gobierno de Javier Milei presenta el crecimiento de la minería, del complejo petrolero-petroquímico, del complejo agroexportador como la locomotora del futuro, cuenta solo una parte de la historia. Es cierto, esos sectores generan divisas, pero estas, por sí solas, no construyen una Nación. Una Nación se construye cuando la riqueza se convierte en empleo digno, arraigo, infraestructura, escuelas técnicas, proveedores locales, industria nacional y oportunidades concretas para quienes viven lejos de los centros de decisión.
II. El mapa de los enclaves
Los números son contundentes. En 2025, las exportaciones de bienes alcanzaron USD 87,077 millones (9,3% más que en 2024), con un récord agroindustrial de 115,41 millones de toneladas y USD 52.337 millones. La balanza comercial energética de Argentina cerró el 2025 con un superávit histórico de USD 7815 millones. Esto se logró gracias al fuerte crecimiento de la producción en la formación no convencional de Vaca Muerta. El primer trimestre de 2026 aportó un superávit energético de USD 2405 millones, lo que se consolida como el principal motor de la economía. Son cifras que el Gobierno de Javier Milei exhibe con orgullo.
Pero hay otra cara del mismo mapa. La minería formal directa en 2025 empleó apenas 40.000 personas —el 0,6% del empleo asalariado privado registrado—. El litio, presentado como el oro del siglo xxi, sigue exportando mayormente materia prima de baja industrialización local. De los 54 complejos agroindustriales que existen en el país, apenas 10 complejos concentran el 93% del volumen total de toneladas exportadas por el sector.
Eso es crecimiento sin desarrollo, una economía que muestra movimiento, pero no construye comunidad. La riqueza sale por puertos, pero no vuelve en educación, en infraestructura, en ciencia, en tecnología; en otras palabras, no construimos futuro. Se agranda la estadística, pero se achica el país real.
Lo más grave es que no se trata de una deriva accidental. El Estado está eligiendo de qué lado posicionarse. El RIGI —creado por la Ley 27.742 y reglamentado por el Decreto 749/2024— garantiza estabilidad fiscal, aduanera y cambiaria por treinta años a grandes proyectos de inversión en energía, en minería y en hidrocarburos. Para el capital concentrado, previsibilidad. Para las economías regionales, intemperie. Para los grandes jugadores, reglas a medida. Para el pequeño productor, mercado puro y sálvese quien pueda.
III. El interior que sostiene y el interior que sangra
Mientras el gobierno celebra los enclaves exportadores, una parte enorme del interior productivo atraviesa su peor crisis en años. El último semáforo de las economías regionales ubica a ocho en rojo, a siete en amarillo y a apenas cuatro en verde. La yerba mate y el vino acumulan doce meses consecutivos en situación crítica. Detrás de esos colores no hay simples indicadores: hay territorios, familias, cooperativas, industrias, trabajadores rurales, comerciantes y regiones enteras que dependen de que la producción siga en pie.
La vitivinicultura mendocina y sanjuanina, la fruticultura del Alto Valle, la lechería de la pampa húmeda, los cítricos del NOA y el NEA, la forestación de Corrientes y de Misiones, el arroz entrerriano: estas actividades no aparecen en los titulares económicos. Pero sostienen pueblos, empleos, cooperativas y cadenas de valor distribuidas en todo el territorio nacional. Su deterioro no es un dato sectorial: es una señal de alarma sobre el tipo de país que se está construyendo.
Las economías regionales son mucho más que actividades productivas: son una forma concreta de federalismo. Son el tambo que sostiene a un pueblo, la bodega que mantiene viva a una comunidad, el yerbal que organiza el trabajo familiar, la chacra que evita el desarraigo. Cuando una bodega familiar en Mendoza cierra, cuando un productor yerbatero de Misiones deja de ser viable o cuando una chacra del Alto Valle se abandona, no se pierde solo producción. Se rompe un pedazo de la Argentina integrada.
La desregulación del Instituto Nacional de la Yerba Mate —vía DNU 70/2023 y las resoluciones 42/2025 y 146/2025 del INYM— resume el problema. En una cadena concentrada, quitar reglas no libera al productor chico: lo deja solo frente al más fuerte. La libertad, cuando no hay igualdad de condiciones, se parece demasiado al abandono.
IV. Los cimientos que se deterioran
Ningún país se desarrolla con productores solos, rutas rotas y tarifas impagables. Se necesitan caminos, trenes, puertos, energía, agua, crédito, conectividad y planificación. Se necesita un Estado, no para reemplazar a quienes producen, sino para crear las condiciones que hacen posible producir, trabajar y vivir en cada rincón del país.
Lo que ocurre con la infraestructura pública es grave. En 2024, la obra pública nacional cayó un 69% en términos reales y la inversión pública se desplomó un 77,3% respecto de 2023, hasta ubicarse en el registro más bajo desde la crisis de 2002. El 2025 no revirtió ese diagnóstico: aun con una mejora real del 7% frente al piso del año anterior, el nivel siguió siendo históricamente bajo —en torno al 0,125% del PBI— y con una distribución territorial profundamente desigual. A la vez, los relevamientos sobre proyectos heredados muestran que, hacia 2025, más de 1400 obras nacionales sin finalizar no registraban avance físico, mientras que la ejecución directa de la administración central continuaba prácticamente paralizada. El Decreto 525/2024 declaró la emergencia ferroviaria por 24 meses, pero el reconocimiento del problema no estuvo acompañado por una inversión equivalente para resolverlo. Una ruta inconclusa, un puente paralizado o una obra hídrica frenada no son abstracciones estadísticas: son el costo concreto que paga una región productiva cuando queda aislada de las condiciones mínimas para competir, producir y vivir.
Las tarifas de energía cuentan otra parte de la historia, entre diciembre de 2023 y octubre de 2025, la electricidad incrementó el 344% y el gas natural el 617%, mientras que la inflación fue del 171%. Pero el proceso no se detuvo en 2025; en 2026 continuaron los aumentos mensuales, con nuevas subas de luz, de gas, de agua y de transporte desde enero y ajustes adicionales en junio, cuando el gas aumentó 2,8% promedio y la electricidad del AMBA otro 1,5%. Para una bodega, un tambo, un secadero de yerba o un frigorífico regional, esos números no son variables macroeconómicas abstractas: son la diferencia entre sostener la producción o cerrar la tranquera.
El resultado es previsible: si las tarifas suben, el crédito falta, la obra pública se paraliza y el mercado interno se debilita; el pequeño y el mediano productor es el primero que pierde. No es eficiencia, es selección social. Sobreviven los que tienen espalda financiera y quedan en el camino los que sostienen empleo, arraigo y producción cotidiana.
V. Crecimiento sí, ¿para qué proyecto?
La discusión de fondo no es si la Argentina debe exportar, atraer inversiones o cuidar las cuentas públicas. Debe hacerlo. La discusión es para qué, para quiénes y bajo qué conducción. No hay desarrollo nacional si la macroeconomía ordenada convive con provincias abandonadas, salarios deprimidos, industrias cerradas y economías regionales al borde del quebranto.
Un país que exporta USD 87.000 millones, pero tiene ocho economías regionales en rojo no es un país que se desarrolla: es un país que se fragmenta. Un país que reduce el Estado a la mínima expresión mientras otorga estabilidad fiscal por tres décadas a inversiones extranjeras no está apostando al desarrollo nacional: está administrando la extracción.
La raíz de esta discusión es clara, el mercado puede ser una herramienta, pero nunca puede ser el ordenador moral de una comunidad. El Estado no es un enemigo de la producción; es la herramienta colectiva que permite orientar el crecimiento, defender el trabajo argentino, equilibrar desigualdades territoriales y garantizar que la riqueza no se concentre donde ya hay poder, sino que vuelva al pueblo en forma de derechos, infraestructura y oportunidades.
Por lo tanto, mirar este modelo desde una perspectiva crítica no significa negar la importancia de exportar ni romantizar el atraso. Significa recordar algo básico: no hay grandeza nacional sin justicia social, no hay independencia económica si las decisiones vienen de afuera y no hay soberanía política cuando el Estado renuncia a conducir. Un país no se mide solo por lo que vende al mundo, sino por la vida que les ofrece a quienes lo habitan todos los días.
La Argentina que exporta más pero integra menos no se desarrolla: se fragmenta. Y un país fragmentado pierde algo más que competitividad. Pierde comunidad, pierde arraigo y pierde futuro. El desafío no es volver al pasado ni cerrarse al mundo. Es construir un crecimiento con conducción nacional, con trabajo argentino, con federalismo real y con un Estado que no le pida permiso al mercado para defender a su pueblo.
Referencias
• Confederación Intercooperativa Agropecuaria Cooperativa Limitada (CONINAGRO), (2026). Informe técnico: semáforo de economías regionales. CONINAGRO.
• CONINAGRO. (2026, 12 de junio). Informe técnico: Semáforo de economías regionales. Una nueva producción en alerta. CONINAGRO.
• Decreto 525/2024. Emergencia ferroviaria nacional. Boletín Oficial de la República Argentina, 10 de junio de 2024.
• Decreto 749/2024. Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI). Reglamentación. Boletín Oficial de la República Argentina, 23 de agosto de 2024.
• Decreto de Necesidad y Urgencia 70/2023. Bases para la reconstrucción de la economía argentina. Boletín Oficial de la República Argentina, 21 de diciembre de 2023.
• Secretaría de Minería. (2026). Empleo minero en Argentina: 39.698 puestos y fuerte concentración en siete provincias. Secretaría de Minería.
• Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC). (2026). Estadísticas de comercio exterior 2025. INDEC.
• Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC). (2026). Intercambio comercial argentino: Año 2025. INDEC.
• Ley N.º 27.742. Ley de Bases y Puntos de Partida para la Libertad de los Argentinos. Boletín Oficial de la República Argentina, 8 de julio de 2024.
•Secretaría de Energía. (2026). Récord histórico en la balanza energética argentina: El superávit superó los USD 1.090 millones en marzo de 2026. Secretaría de Energía.
• Secretaría de Energía. (2026). Informe del sector energético 2026. Secretaría de Energía de la Nación (2026). Informe del sector energético, 2026.
