Desde Instituto para el desarrollo Agroindustrial Argentino queremos manifestar nuestro apoyo a la Coviar y nuestra profunda preocupación por el proyecto de Ley enviado por el Diputado de la Nación Damián Arabia. Allí se propone la derogación de la Ley 25.849 que creó a la Corporación Vitivinícola Argentina. Resulta curioso ver cómo aquellos que profesan las ideas del republicanismo intentan, vía herramientas legislativas, llevarse puesta la institucionalidad construida bajo los consensos obtenidos allá por el año 2004. La Ley 25.849 fue producto del consenso de los diversos espacios políticos que fijaron el rumbo y las metas de la vitivinicultura argentina junto con el consenso de las diversas instituciones que representan al sector. Eso se plasmó en el Plan Estratégico Vitivinícola 2020 (PEVI)
Probablemente aquellos objetivos han quedado desfasados, tal vez requieran ajustes, en algunos casos hayan quedado inconclusos. La Argentina y la coyuntura mundial han cambiado y la vitivinicultura al compás de ambas. La economía local no ha brindado las condiciones necesarias para cumplir planes de largo plazo, lo sabemos. Esa es una deuda pendiente. Pero ¿acaso en los últimos 20 años los planes de negocios de las grandes bodegas se han podido cumplir a raja tabla, tal cual lo previsto? Discutamos entonces cómo hacemos para que el sector logre sus metas ante el nuevo escenario local y mundial, pero dentro de la institucionalidad que la ley otorga.
Llama la atención el oportunismo de algunos que ante una situación crítica como la que afronta el sector, recurran a la idea de la “desregulación” “la libre competencia” y otros argumentos muy en boga que, en parte, son los que nos han traído hasta aquí. Esto no implica evitar una mirada crítica sobre el pasado reciente, pero a todas luces se trata de garantizar la institucionalidad que Coviar representa dado que allí se encuentran representadas las 18 provincias vitivinícolas, el Estado Nacional, el sector privado, y fundamentalmente los productores y viñateros. Este proyecto presentado por un diputado que representa a JxC de CABA, además de que atenta contra el federalismo, es una propuesta inconsulta según los dichos del propio Ministro de la Producción de Mendoza, Rodolfo Vargas Arizu.
No desconocemos que el sector afronta problemas de competitividad, la electro-dependencia de las fincas más alejadas, los insumos dolarizados, la falta de conectividad, el recambio varietal, el cambio climático y otros muchos desafíos. Pero no vemos que, suprimiendo a la Coviar, rompiendo la representación institucional del sector vaya a mejorar ninguna de esas problemáticas. En un país, por momentos caótico, y en el medio de la incertidumbre que afronta la vitivinicultura, pocas cosas son más peligrosas que alejarse de la planificación estratégica y las políticas públicas.
