Introducción
La cadena yerbatera atraviesa hoy un punto de reconfiguración profunda, el proceso de desregulación iniciado con la llegada de Javier Milei a la presidencia —y cristalizado inicialmente en el DNU 70/2023— se profundizó con la publicación del Decreto 812/2025 el 18 de noviembre del corriente año, que modificó el régimen del Instituto Nacional de la Yerba Mate (INYM) y le quitó facultades para intervenir en precios y regular la oferta y la demanda, limitando su rol a tareas de promoción y control de calidad. Este cambio institucional ocurre en un contexto de fuerte dinamismo exportador durante 2024 y 2025, lo que abre nuevas oportunidades comerciales, pero, al mismo tiempo, incrementa la vulnerabilidad de los actores más pequeños de la cadena, ya afectados por la caída del precio real y por crecientes asimetrías de negociación.
Este proceso de desregulación lejos de representar una modernización o un avance hacia un mercado más eficiente, han puesto en marcha una reconfiguración territorial, económica, política y social que amenaza los equilibrios construidos durante décadas en el Noreste Argentino (NEA), particularmente en las provincias de Misiones y Corrientes.
Hasta 1991 existió la Comisión Reguladora de la Yerba Mate (CRYM) y el Mercado Consignatario de Yerba Mate Canchada (hoja con un primer procesamiento), a partir de allí y hasta el año 2002 el mercado estuvo desregulado con los perjuicios a los pequeños productores. Estos años fueron devastadores ya que llevaron pérdida de plantaciones, concentración de la tierra y quiebre de los precios en favor de grupos oligopólicos.
Para revertir esta situación y ante el reclamo de los productores se crea el Instituto Nacional de la Yerba Mate (INYM) con el objetivo de generar un contrapeso frente a las asimetrías estructurales del mercado yerbatero, donde se conformó un directorio que buscó un mejor equilibrio de fuerzas entre las áreas del sector con funciones vinculadas a la fijación de precios, control de la oferta, fiscalización del trabajo y supervisión de la expansión de plantaciones. Este conjunto de dispositivos logró estabilizar a un sector históricamente marcado por la concentración industrial, la vulnerabilidad de productores primarios y los ciclos de sobreoferta.
La desregulación impulsada a partir por el Ejecutivo Nacional a partir decretos y resoluciones vuelve a desmantelar la capacidad del Estado para actuar como garante de equidad, previsibilidad y sostenibilidad territorial, vaciando de contenido y funciones a las Instituciones.
Contexto normativo — Decretos relevantes
El DNU 70/2023, promulgado el 20 de diciembre de 2023 bajo el título “Bases para la reconstrucción de la economía argentina”, inauguró una agenda de desregulación de alcance transversal que afectó directamente al marco institucional aplicable a la yerba mate. El decreto introdujo derogaciones y modificaciones que limitaron las facultades de regulación del Estado en diversas cadenas productivas, entre ellas la yerbatera, y se convirtió en el punto de partida de tensiones entre el Gobierno nacional y las provincias del NEA.
Su implementación implicó no solo la eliminación de regulaciones económicas, sino también una profunda reconfiguración institucional que erosionó la autonomía de los organismos públicos desarticuló agencias de control y debilitó los espacios de participación social. En este proceso, el Estado argentino fue redefinido bajo una lógica de autorregulación mercantil que reemplazó los principios de planificación y gobernanza pública por una orientación centrada en el mercado.
Esta ofensiva desreguladora tuvo un impacto diferencial a nivel territorial, profundizando las brechas entre regiones y afectando especialmente a las economías del interior.
En el caso del NEA, los efectos del DNU 70/2023 se expresaron de manera concreta en el debilitamiento de instituciones clave como el INYM. Su rol regulador —en especial en la fijación de precios y la protección de los distintos eslabones de la cadena— quedó cuestionado y desfinanciado, generando un desplazamiento del poder económico hacia los grandes grupos industriales y comercializadores. Esto incrementó la concentración y redujo la capacidad negociadora de productores, tareferos y cooperativas.
Este DNU inauguró el quiebre del equilibrio territorial al momento de eliminar las facultades estratégicas del INYM (fijación de precios, control de plantaciones, fiscalización laboral y territorial), reforzando la asimetría entre pequeños productores y los grandes molinos que concentran la fase industrial y comercial.
La Resolución General 5527/2024 de la AFIP, dictada en el marco de la política económica del Poder Ejecutivo, prorrogó la suspensión de las percepciones de IVA y Ganancias para la importación de bienes de primera necesidad, incluyendo a la yerba mate. Bajo el argumento de reducir costos y contener precios internos, la medida amplió los incentivos para importar yerba desde países limítrofes, abaratando su ingreso al mercado argentino. Esta decisión se inscribe en una orientación general de apertura comercial que debilitó los mecanismos de protección histórica del sector, y que se aplicó sin considerar el peso estructural que la yerba mate tiene para las economías regionales de Misiones y Corrientes.
Tras la entrada en vigor de esta resolución, las importaciones crecieron de manera abrupta, alcanzando niveles inéditos y desplazando parte de la demanda de materia prima local. Al favorecer financieramente a la yerba importada, la medida generó una competencia desleal que presionó a la baja del precio pagado al productor nacional, afectando especialmente a los pequeños y medianos productores que constituyen el núcleo de la cadena yerbatera. De este modo, otra decisión del Poder Ejecutivo, orientada a liberalizar y “destrabar” el mercado, profundiza la vulnerabilidad de miles de familias productoras, poniendo en riesgo la sostenibilidad de una actividad clave para el entramado socioeconómico regional.
La Resolución General 5623/2025 de la AFIP, prorrogó hasta el 31 de diciembre de 2025 la excepción de las percepciones del IVA y del Impuesto a las Ganancias para la importación de determinados bienes de primera necesidad y de insumos productivos, incluyendo mercaderías que en su cadena de producción se superponen con la materia prima nacional. En la práctica, esta resolución mantiene abierto un canal de importaciones favorecidas (con menores costos fiscales), lo que permite que empresas —incluso grandes industrias yerbateras— ingresen al mercado argentino yerba mate importada con ventajas comparativas frente a la producción doméstica.
Para la cadena yerbatera nacional, esta normativa representa un golpe severo, al extender los beneficios para la importación, se refuerza la competencia de yerba extraída en otros países, generalmente a menor costo, lo que reduce la demanda de hoja y producción local. Como consecuencia, muchos pequeños y medianos productores —especialmente de las provincias tradicionales de cultivo— quedan expuestos a precios deprimidos, con una notable pérdida de ingresos y un serio riesgo para la sustentabilidad del sector. Al favorecer la importación por sobre la producción nacional, la resolución revela una orientación del poder ejecutivo que prioriza la apertura comercial a corto plazo, pero que pone en jaque un sector estratégico para economías regionales profundizando su vulnerabilidad.
El Decreto 812/2025, publicado el 18 de noviembre de 2025 por el Poder Ejecutivo Nacionalrepresenta un cambio aún más profundo en la gobernanza de la cadena yerbatera argentina. Este decreto redefine por completo las funciones del INYM, al eliminar las facultades que durante más de dos décadas le permitieron intervenir en el mercado, fijar precios de referencia y regular la oferta y la demanda. En línea con la orientación desreguladora inaugurada por el DNU 70/2023, el 812/2025 deroga los artículos centrales del régimen anterior y fija un nuevo marco donde el INYM ya no puede establecer normas, controles o mecanismos que influyan en la formación de precios ni en los niveles de producción. Su rol queda limitado a tareas de promoción, control sanitario y verificación de calidad, mientras que toda decisión económica pasa a depender del libre juego entre productores, industrias y comercializadores.
La implementación de este decreto obliga al organismo a adecuar su normativa interna en un plazo de treinta días, desmantelando cualquier disposición que pudiera interpretarse como una intervención estatal en el mercado. Este nuevo esquema supone el fin de un modelo regulatorio que había funcionado durante veintitrés años como una herramienta de equilibrio para los eslabones más débiles de la cadena, especialmente los pequeños y medianos productores. Con el retiro del Estado de la fijación de precios y de la gestión de la oferta, se abre un escenario donde la negociación queda marcada por fuertes asimetrías, donde el poder de los grandes grupos industriales se vuelve decisivo.
Finalmente, el Decreto 812/2025 habilita condiciones de mercado que favorecen la concentración, facilita la expansión de empresas integradas verticalmente, aumenta la presión sobre las chacras familiares y profundiza la precarización del trabajo rural al retraer la presencia estatal en la fiscalización. Así, los dos decretos no solo modifican normativas sino también territorializan un modelo de desregulación que redistribuye poder a favor de los actores más capitalizados, erosiona las economías regionales, debilita la soberanía provincial sobre su principal cultivo y amenaza la continuidad del entramado socio-productivo que históricamente organizó la vida rural en la región yerbatera.
Desregulación y efectos por actor en la cadena yerbatera
Los pequeños y medianos productores son hoy el eslabón más golpeado y expuesto del complejo yerbatero. En la región existen alrededor de 12.000 productores, de los cuales el 60 % trabaja con menos de 10 hectáreas, lo que demuestra con claridad que la base productiva del sector está sostenida por miles de chacras mínimas, familiares y vulnerables. Mientras tanto, el costo de producción de un kilo de hoja verde puesta en secadero se ubica, según la matriz de costos del INYM, en alrededor de $424 por kilo (valor referencial al 23/10/2025 INYM).
Sin embargo, y a pesar de ese costo base, la industria paga a los productores precios muy inferiores, por ejemplo, entre $250 y $300 por kilo, lejos de lo necesario para cubrir gastos de producción y garantizar renta. Esta disparidad revela una brecha estructural profunda donde la desregulación eliminó los mecanismos que equilibraban la relación entre productores e industria, dejando a miles de pequeños productores a merced de compradores con enorme poder económico.
La caída del precio real durante los últimos años pulverizó los ingresos y puso en jaque la continuidad de cientos de explotaciones familiares que históricamente sostuvieron el territorio rural del NEA. A este deterioro se suma una presión explícita por “eficiencia” que, en la práctica, funciona como una invitación al despojo territorial, la concentración de molinos avanza, los modelos exportadores se imponen y el desplazamiento de productores se acelera.
En este contexto, la desregulación no abre oportunidades, sino que acelera el despojo territorial, profundiza desigualdades y expulsa del sistema a quienes tienen menos tierra, menos capital y menor capacidad de resistencia.
Para el sector industrial, el nuevo marco de desregulación representa una ampliación sin precedentes de su margen de acción. Con 190 secaderos, 100 establecimientos industriales y 16 fraccionadoras operando en la cadena, el levantamiento de restricciones y la reducción del poder regulatorio del INYM no hacen más que reforzar un mapa ya altamente concentrado. En un mercado donde solo cinco empresas controlan más del 75% del mercado interno, la liberalización consolida abiertamente a los actores dominantes, los molinos integrados verticalmente, que ahora pueden fijar precios, definir formatos comerciales y orientar su producción a la exportación con total discrecionalidad. Lejos de promover competencia o dinamismo, el debilitamiento de la institucionalidad pública profundiza posiciones preexistentes, amplifica el poder de quienes ya concentraban el negocio y acelera su capacidad de capturar renta a costa del resto de la cadena. En este escenario, la “libertad de mercado” no democratiza oportunidades, sino que perpetúa el control oligopólico y refuerza un modelo donde unos pocos deciden el destino de toda la actividad yerbatera.
El avance exportador aparece como un motor alternativo frente a la caída del consumo interno, pero lejos de equilibrar la cadena, profundiza tensiones estructurales. El aumento de los volúmenes destinados al exterior reduce la disponibilidad de producto para el mercado doméstico y habilita que la concentración comercial impulse nuevas subas de precios internos. La estructura exportadora es aún más cerrada que la del mercado interno: solo cinco empresas controlan más del 85% del comercio externo, lo que revela un esquema extremadamente concentrado donde el impulso exportador no derrama hacia el resto de los actores. En este escenario, los beneficios del dinamismo externo quedan capturados casi exclusivamente por los grandes jugadores industriales, mientras los productores familiares continúan marginados y el mercado interno queda expuesto a mayores presiones de precios y menor disponibilidad. La “apertura” exportadora, lejos de democratizar oportunidades, reproduce desigualdades, profundiza la dependencia del capital concentrado y debilita la estabilidad del abastecimiento nacional.
A nivel institucional, la desregulación intensificó tensiones entre la Nación y las provincias productoras como Misiones y Corrientes, que ven desarticuladas sus capacidades de regulación, apoyo y defensa de la base productiva local. Esta pérdida de herramientas ha derivado en intentos provinciales de generar normativas propias y en un proceso creciente de judicialización, señal de la ruptura del equilibrio que sostenía la gobernanza del sector. Con el repliegue del Estado nacional y la debilitación del INYM, la orientación de la cadena queda cada vez más subordinada a lógicas empresariales y a la concentración económica, mientras se diluye la capacidad pública de planificación regional.
Los Decretos 70/2023 y 812/2025 operan sobre tres planos interrelacionados: la redefinición de la escala estatal; la reconfiguración de los actores sociales y económicos; y la reorientación de los flujos de acumulación y control territorial.
En el plano institucional, las tensiones entre Nación y provincias se intensifican a medida que las normativas nacionales desmantelaron dispositivos clave para el cuidado de las economías regionales. La judicialización de las competencias del INYM, la superposición normativa y la ausencia de mecanismos de coordinación producen un escenario de incertidumbre permanente que desincentiva la inversión, erosiona la gobernanza territorial y debilita la capacidad pública de sostener políticas diferenciadas para actores con necesidades y recursos desiguales.
El impacto territorial de estas medidas es profundo, la desregulación estatal alteró dramáticamente las relaciones de poder construidas históricamente, habilitando un corrimiento del poder económico hacia los actores más concentrados de la industria y la comercialización. Al eliminar los controles públicos y desproteger a los actores más vulnerables, se reforzó una territorialidad funcional a los intereses de grandes grupos económicos, en detrimento de productores, cooperativas y trabajadores rurales.
En el plano económico, la ausencia de regulación en los precios de la hoja verde y la yerba canchada, junto con la derogación de normas que limitaban la expansión de plantaciones, generó un escenario de máxima volatilidad. Los pequeños productores quedaron expuestos a dinámicas de mercado altamente asimétricas, sin herramientas para negociar condiciones ni capacidad para absorber shocks de precios. Esta fragilidad compromete no solo sus ingresos, sino la continuidad de miles de unidades productivas familiares que sustentan la vida económica del NEA.
En el plano social, el retroceso de la intervención pública profundiza la precarización del trabajo rural, especialmente en el eslabón más vulnerable de la cadena, los tareferos, quedando sin mecanismos de fiscalización ni garantías mínimas, las condiciones laborales tienden a deteriorarse, aumentando la informalidad, la explotación y la desprotección estructural de quienes realizan las tareas más exigentes de la cosecha. Las comunidades rurales pierden así una red de contención y un entramado social que durante años se sostuvo gracias a la presencia regulatoria del Estado.
Conclusión: regular para proteger ¿sí o no?
La cadena yerbatera aparece hoy como un espacio donde se materializa una nueva correlación de fuerzas. Si, como plantea Rodríguez (2018), la cadena funciona como un campo de acción colectiva, la desregulación reconfigura ese campo reforzando posiciones dominantes y marginando a actores ya debilitados por décadas de desigualdades estructurales. La hegemonía neoliberal se territorializa, entonces, a través de decisiones concretas que convierten el discurso abstracto de la “libertad de mercado” en prácticas de concentración, dependencia y pérdida de autonomía local.
De esta manera el NEA se transforma en un laboratorio donde se observan los efectos materiales de este modelo, una expansión acelerada de grandes grupos industriales capaces de integrar etapas productivas y apropiarse de mayor rentabilidad; debilitamiento de cooperativas y redes de productores que pierden capacidad de negociación; retroceso de las instituciones estatales que vertebraban la gobernanza sectorial; y deterioro de las condiciones sociales y laborales de quienes sostienen cotidianamente la producción de yerba mate.
En síntesis, el actual proceso de desregulación no representa una apertura hacia un mercado más competitivo, sino un retroceso profundo en términos de equidad territorial, justicia social y sostenibilidad productiva. La ausencia de mecanismos públicos, la concentración económica, la precarización laboral y la erosión institucional configuran un escenario de alta fragilidad estructural, este proceso está lejos de democratizar el acceso a oportunidades ya que la desregulación refuerza desigualdades, acelera procesos de desplazamiento y compromete la reproducción social de miles de familias que dependen de esta economía regional.
La cadena yerbatera —símbolo cultural, económico y territorial del NEA— enfrenta uno de los momentos más críticos de su historia reciente. Las decisiones tomadas desde el Ejecutivo no solo reordenaron el sector hacia una lógica de concentración, sino que pusieron en jaque la sostenibilidad misma de un complejo productivo que, durante décadas, funcionó como motor de desarrollo local. Si no se revierten estas políticas, el futuro de la yerba mate quedará marcado por la pérdida de diversidad productiva, el desmantelamiento territorial y la consolidación de un modelo que beneficia a unos pocos a costa de las mayorías. En este escenario, la transición solo podrá ser ordenada si la apertura de los mercados se acompaña con políticas activas que protejan la base productiva y promuevan un mayor valor agregado.
Las singularidades del sector demandan una regulación específica que adopte la forma de una concertación intersectorial con mediación estatal con una mirada estratégica a corto, mediano y largo plazo que suponga mejorar la eficiencia de diferentes eslabones productivos, incluida la logística, para poder abastecer la demanda local con precios y calidad adecuados, sin interrumpir el abastecimiento a mercados externos. La gestión de la política agraria y de desarrollo rural ha cambiado radicalmente en Argentina a lo largo de las últimas décadas, oscilando entre períodos de proteccionismo y apertura comercial que influyeron en el desempeño y las decisiones del sector. En este escenario, la producción de yerba mate ocupa un lugar particular dentro del agro argentino por su doble condición por ser Argentina el principal productor y, a la vez, el principal consumidor mundial. La explotación de esta especie nativa es además un pilar para las economías regionales de Misiones y Corrientes.
A partir de estas singularidades, resulta pertinente preguntarse cuál será el futuro de la cadena de valor yerbatera al operar por fuera de un esquema de protección e intervención estatal que históricamente acompañó su desarrollo. Este sector demanda una regulación específica basada en consensos territoriales en donde confluya las miradas y necesidades de todos los actores locales que participan de esta cadena, que promuevan una planificación estratégica de corto, mediano y largo plazo. Ello permitiría mejorar la eficiencia de los distintos eslabones productivos, incluida la logística, y garantizar el abastecimiento del mercado interno con precios y calidad adecuados.
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