Introducción
El proceso de integración entre el Mercosur y la Unión Europea (UE) se encuentra en una fase crucial, en la que Argentina debe pasar de una postura legítimamente cautelosa y defensiva hacia una estrategia proactiva y sostenida en el tiempo. Durante la presidencia de Alberto Fernández, el debate público —nutrido tanto por análisis técnicos de equipos de la administración pública como del sector privado— expuso un temor real y fundamentado: la posibilidad de alcanzar un acuerdo desequilibrado entre ambas regiones.
La preocupación central apuntaba a dos riesgos diferenciados pero interrelacionados. Por un lado, la posibilidad de una “primarización” de la economía argentina si el agro —el sector más competitivo del país— enfrenta accesos restringidos al mercado europeo debido al Pacto Verde, las cuotas, las salvaguardias y otros condicionamientos que limitarían el aprovechamiento pleno del acuerdo. Esto podría traducirse en una promesa incumplida para las exportaciones agroindustriales, afectando su expansión y la consolidación de cadenas de valor locales.
Por otro lado, la reducción arancelaria para los bienes industriales, aun cuando sea gradual y extendida en el tiempo, plantea un desafío significativo para la industria argentina. El impacto se daría por una doble vía: la pérdida de participación en el mercado interno, ante una mayor competencia de productos europeos, y el desvío de comercio en el mercado brasileño, donde las empresas europeas podrían desplazar a las argentinas aprovechando mejores condiciones de acceso. Esta vulnerabilidad se explica por las asimetrías estructurales existentes y la utilización sistemática de barreras no arancelarias por parte de la UE. En la actualidad, este desbalance se ve profundizado por cuotas, subsidios y diversas medidas para‑arancelarias que la Unión Europea aplica de manera recurrente. Estos instrumentos no solo limitan el acceso efectivo de los productos argentinos al mercado europeo, sino que también pueden erosionar la competitividad de sectores tradicionalmente considerados “ganadores”, como el agroexportador. En consecuencia, crece la preocupación por una posible revalorización forzada de los sectores primarios dentro de la estructura productiva argentina, ya que estas distorsiones tienden a ampliar los desequilibrios en los flujos comerciales y a restringir las oportunidades de diversificación y agregado de valor. La etapa de negociación ha cerrado, sin los resultados esperados por algunos de nosotros. Esta es la etapa de ratificación o no del acuerdo, y la discusión ya es otra.
Ya no se trata de denunciar lo que hacen nuestros potenciales socios europeos, sino de reconstruir la relación desde una lógica más madura, buscando equilibrar la cancha, corregir asimetrías, proteger lo que históricamente hemos querido proteger y, al mismo tiempo, fortalecer nuestros intereses ofensivos. Pero todo esto debe hacerse desde un nuevo momento del acuerdo, con otra perspectiva y con herramientas distintas a las disponibles en 2019.
Lo cierto es que ya no es viable rechazar este acuerdo, por imperfecto que sea, porque las consecuencias para nuestros socios del MERCOSUR, para los sectores productivos argentinos y para los trabajadores serían aún más graves. Una vez más, nos encontramos frente a un anuncio —el del G20 de 2019— que, lejos de constituir una política de Estado, pareció orientado a obtener rédito electoral, en una lógica similar a la que rodeó el entendimiento con el FMI. En Argentina, estamos habituados a escuchar discursos sobre futuras inversiones que exigen sacrificios por parte de la mayoría en nombre de un futuro prometedor, pero que no conducen a un destino deseable, mientras los efectos negativos persisten durante años.
En 2024, la dinámica se repite: en un contexto económico adverso, resurgen promesas de prosperidad futura que no se cumplieron en el pasado y que hoy generan legítimas dudas. En este marco, resulta evidente que el entonces —y ahora— presidente priorizó la búsqueda de rédito político antes que una evaluación seria del contenido del acuerdo. Más que analizar sus implicancias, se limitó a celebrar la idea de “avanzar en el libre comercio”, sin atender a los detalles sustantivos del texto.
Sin embargo, también es cierto que algunos avances logrados durante la gestión de Alberto Fernández, como el mecanismo de rebalanceo, permanecen en el texto y podrían convertirse en herramientas más valiosas hacia adelante
Reconocido este origen, el desafío consiste en transformar un acuerdo concebido desde la vanidad política en una oportunidad real para el país. Nuestro compromiso es trabajar para que, si finalmente se aprueba, su ratificación y posterior implementación respondan a los intereses nacionales, protejan a los sectores sensibles y potencien nuestras capacidades productivas. La tarea previa es considerable, pero no eludible. Y no vamos a retroceder ahora.
El Espejo Regional y el Cambio de Paradigma
Brasil, bajo la administración de Luiz Inácio Lula da Silva, intentó mitigar estos desequilibrios mediante la renegociación de capítulos sensibles como las compras gubernamentales y la exigencia de compromisos equilibrados en materia de sostenibilidad, buscando evitar que las normativas ambientales europeas operaran como salvaguardias comerciales de facto. El MERCOSUR incorporó para ello un mecanismo de rebalanceo, atento a las prácticas habituales de la UE en materia de protección de su producción local bajo múltiples mecanismos. Hoy, ante un escenario global fragmentado, se debe entender que quedar fuera del acuerdo, implica consagrar el quiebre del propio MERCOSUR, rompiendo la norma de negociar en conjunto, lo que favorecería la errónea mirada del oficialismo alimentando tensiones preexistentes sobre la flexibilidad del Mercosur, más allá del gobierno actual, el país cambiaria de falta de alineamiento estratégico, afectando la coordinación bilateral en comercio, energía, infraestructura y política exterior con Brasil, generaría asimetrías competitivas para empresas argentinas frente a nuestros socios en el mercado europeo, y se debilitaría la capacidad de nuestro país en influir en reglas de origen, distribución de cuotas y estrategias de inserción internacional del Mercosur.
En síntesis, si Argentina no ratifica el acuerdo Mercosur–Unión Europea, se produce una ruptura significativa en la acumulación regional de origen con Brasil, lo que implica que los productos argentinos que incorporen insumos brasileños —como autopartes, alimentos, químicos o textiles— dejarán de ser considerados “originarios” del Mercosur para efectos de exportación a la UE. Esto impide que Argentina emita certificados de origen válidos bajo el acuerdo y se priva del beneficio de acumular origen con Brasil, afectando directamente a las cadenas industriales integradas entre ambos países. Aunque el comercio bilateral dentro del Mercosur continuaría bajo las reglas de origen vigentes, esta limitación supone una pérdida de competitividad y acceso preferencial para los productos argentinos en el mercado europeo, debilitando la sinergia productiva entre Argentina y Brasil.
Probablemente nos quedemos con la peor parte del acuerdo y no nos llevemos nada de lo bueno de él. No ratificarlo no nos lleva a un momento anterior; es una tangente que probablemente sea el peor de los mundos.
Asimetría de las Salvaguardias como Punto de Partida
Es imperativo reconocer que el terreno de juego no es, ni será, plenamente simétrico. La Unión Europea ya cuenta con el “privilegio institucional” de la Salvaguardia Especial (SSG) de la OMC y un plexo normativo interno que le permite reaccionar de forma casi automática ante perturbaciones en su mercado agrícola. Estos son anteriores al acuerdo, siempre estuvieron ahí, listos para usarse cuando los necesitaran. Son “privilegios del realismo explicito”. Son parte de las asimetrías que denunciábamos desde el comienzo. Estas herramientas no son negociables en el corto plazo; por lo tanto, la estrategia argentina no debe agotarse en la denuncia de esta disparidad, convivimos con ellas a diario, sino en la construcción de una infraestructura legal y administrativa de “espejo”.
Requisito de Ratificación
La ratificación del acuerdo no puede ser un acto de fe política, sino una decisión basada en evidencia. Es indispensable contar con Informes de Impacto Sectorial exhaustivos que identifiquen con precisión quirúrgica dónde se producirán los mayores desplazamientos de valor. Estos informes deben ser la hoja de ruta para la implementación de políticas de reconversión productiva y, fundamentalmente, para el diseño de mecanismos de monitoreo.
Fortalecimiento del “Músculo” de Defensa Comercial
Para que Argentina pueda convivir con el acuerdo, debe transformar su actual plexo normativo de defensa comercial. No basta con una reforma procedimental del Reglamento Antidumping y de Salvaguardias (como el reciente Decreto 33/2025); se requiere dotar al Estado de un “músculo” técnico y financiero que incluya:
Sistemas de Alerta Temprana: Monitoreo digital en tiempo real de los flujos de importación para detectar surges (aumentos súbitos) antes de que el daño a la industria sea irreversible.
Capacidad de Investigación de Oficio: Que el Estado no espere a que una PYME —muchas veces sin recursos legales— denuncie el dumping, sino que la autoridad actúe preventivamente basándose en datos de inteligencia comercial.
Reciprocidad Técnica: La capacidad de implementar normas de calidad y reglamentos técnicos que igualen la exigencia que la UE aplica a nuestros productos.
Un comentario del Decreto 33/2025 el cual supedita la defensa comercial al “interés público”[1] y la estabilidad macroeconómica —diluyendo la protección sectorial en favor del consumidor—, los marcos de EE. UU. (Tariff Act, Title VII) y Brasil (Decreto 8.058/2013) priorizan la integridad del productor mediante aranceles punitivos y un monitoreo técnico agresivo. Por su parte, la Unión Europea ha “automatizado” su protección agrícola mediante la articulación del Capítulo de Salvaguardias Bilaterales del Acuerdo con Reglamentos de Implementación Horizontal internos. Este andamiaje jurídico, basado en el sistema de vigilancia de volúmenes de activación (trigger volumes) y el control previo de licencias (sistema AGRIM), permite que la preferencia arancelaria se suspenda de forma sumaría al alcanzarse los umbrales de cuota, operando como una salvaguardia de ejecución inmediata que prescinde de los extensos plazos de prueba de daño exigidos por la normativa argentina
La pregunta aquí (estamos trabajando en un robusto análisis comparado sobre la temática) es cómo se traduce ese interés público. Requiere un análisis que, por actos y dichos del gobierno es de difícil interpretación.
Conclusión
El debate parlamentario y político sobre el Acuerdo Mercosur-UE debe estar supeditado a la entrega de los elementos técnicos necesarios para entender “dónde pega” la apertura comercial. Y crear mecanismos institucionales y jurídicos a la altura de los desafíos del comercio internacional de la actualidad. Solo conociendo nuestras vulnerabilidades podremos ser más fuertes. La ratificación debe ir acompañada de un compromiso de Estado para robustecer los mecanismos de salvaguarda y monitoreo, asegurando que la integración no sea un proceso de erosión industrial, sino un catalizador de competitividad en un terreno nivelado, así como ser rápida de reflejos y tener profundidad a la hora de evaluar estrategias de rebalanceo del acuerdo. No se puede esperar que algo se rompa para atenderlo, ni discutir absurdas reflexiones teóricas ni de Maquiavelo, se trata de hacer lo obvio, frente a lo obvio. Sin información de impacto y sin un fortalecimiento institucional del sistema de defensa comercial, el acuerdo será una herramienta incompleta; con ellos, puede ser la plataforma de inserción internacional que el país requiere.
Ariel Martinez
[1] La cuestión fundamental es cómo se interpreta y aplica ese interés público, quién es el encargado de traducirlo en la práctica y cuáles han sido las experiencias desde la entrada en vigor de la normativa. Esta situación exige, al menos, un análisis riguroso sobre el desempeño de su implementación, así como una evaluación de su capacidad para cumplir con el objetivo de impedir que la industria o el productor nacional enfrenten competencia desleal. Para nosotros esto debe ser justamente al revés. La inversión de la Carga de la Prueba, La norma debería presumir que la protección de la industria es de interés público, salvo que se demuestre fehacientemente que el arancel genera un desabastecimiento crítico. Esto da seguridad jurídica al productor local para invertir.
